PERU: LOS DILEMAS DEL NACIONALISMO EN EL PODER

25 Diciembre, 2011

Ramón Pajuelo

A fines de octubre, con una visita a la localidad de Calacoa en Moquegua, el presidente Ollanta Humala recordó que hace once años inició su marcha hacia el poder con el levantamiento militar que protagonizó en el cuartel de Locumba. Humala y su esposa Nadine Heredia, fueron recibidos por los pobladores de Calacoa en un clima de fiesta. Ataviados para la ocasión con sus trajes típicos, escenificaron un desfile típico con cierto aire militar, brindando un marco  especial a la entrega de distinciones a los ilustres visitantes por parte de sus autoridades locales. El gesto fue devuelto con una “acción cívica” compuesta por una campaña médica, cortes de cavello y entrega de computadoras para el colegio local.

En su discurso, Humala destacó el apoyo recibido por la población hace once años, prometiendo realizar en el poblado un Consejo de Ministros y ratificando los objetivos que lo impulsaron a levantarse en contra de la entronización de Fujimori en el poder. Conocido entre las filas nacionalistas como “la gesta de Locumba”, dicho levantamiento fue el debut político de quien ahora ocupa la casa de Pizarro, después de purgar prisión, ser amnistiado, enviado al extranjero y, finalmente, postular a la presidencia como líder político de oposición en dos reñidas campañas electorales. A lo largo de esa trayectoria, la identidad política de Ollanta Humala adoptó sucesivas transformaciones, pero no abandonó la prédica nacionalista que lo ha identificado todo este tiempo, al punto de convertirse –con el añadido de la “gran transformación” y la “inclusión social”- en emblema ideológico del flamante gobierno.

¿Qué es sin embargo el nacionalismo, como identidad política que define al actual gobierno peruano? Este artículo sugiere que responder a esta pregunta puede contribuir a discutir con mayores luces acerca de la situación crítica que enfrenta actualmente el régimen de Ollanta Humala. Luego de transcurridos los primeros cien días de gobierno en una situación de relativa calma -aunque salpicada por algunos escándalos y problemas políticos- el escenario se ha tornado bastante complicado. Esto debido al impacto de conflictos sociales como los que actualmente tienen lugar en Andahuaylas y Cajamarca, así como a pugnas al interior de las filas del gobierno, que muestran sobre todo la extremada fragilidad política de la prédica nacionalista.

Los primeros cien días: luces y sombras

Napoleón Bonaparte no sobrevivió a su famoso gobierno de los cien días. Luego de resurgir como adalid de un conglomerado de fuerzas militares, sociales y políticas aparentemente indetenible, culminó al final de dicho periodo confinado en una reclusión que fue en realidad su sepultura política, después de la debacle de Waterloo. Desde entonces, el ciclo de los cien días se ha convertido en un símbolo: un periodo gravitante que, si bien no resulta suficiente para apreciar con plenitud las características de un régimen, permite otear algunas de sus posibilidades y límites, amén de la consistencia mostrada por los protagonistas en el ejercicio del poder. A Napoleón le ocurrió de todo en los agitados cien días posteriores a su ingreso triunfal a París, después de su exilio en Elba. En cambio, durante los primeros cien días de Ollanta Humala no pasó mucho.1 Desde el 28 de julio la calma prevaleciente se vio sacudida por algunos problemas y escándalos, entre los cuales el más grave fue la denuncia de probable tráfico de influencias cometido por el segundo vicepresidente Omar Chehade. Pero el presidente Humala logró mantener prudente distancia de los acontecimientos, inclusive se mostró al margen o por encima de ellos, logrando altos niveles de respaldo a su gestión.

Cerca a los famosos cien días, el pasado 29 de octubre, el mandatario -quien participaba en la XXI Cumbre Iberoamericana en Paraguay- decidió adelantar su retorno al país a fin de inspeccionar la situación en Ica luego de un fuerte sismo ocurrido el día anterior. El clima prevaleciente ad portas de cumplirse los primeros cien días de su gobierno, se mostraba aún bastante auspicioso, debido entre otras razones a la coyuntura de relativa calma social visible desde el inicio del régimen.2 Además, los avances iniciales de su gestión ganaban respaldo y visibilidad, y el flamante presidente seguía mostrando un nuevo estilo, caracterizado por un prudente distanciamiento de la agitación mediática diaria, y un peculiar silencio presidencial, que contrastó fuertemente con la locuacidad a que nos tenía acostumbrados el ex presidente Alan García.

A la situación descrita contribuyó en gran medida el impacto favorable de algunas medidas iniciales del gobierno, las cuales contaron con amplio beneplácito, tales como el incremento de la remuneración básica, la promulgación de la Ley de Consulta, la negociación del gravamen minero por un monto de 3,000 millones de soles anuales, la creación del flamante Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, así como la implementación de los primeros programas sociales ofrecidos en la campaña electoral. Esto se reflejó en las encuestas, pues durante los tres meses posteriores al cambio de régimen, el gobierno alcanzó altos niveles de aprobación, superando incluso el porcentaje de respaldo obtenido en las urnas.3 Las aguas calmas que acompañaron el inicio del régimen, se mantuvieron en ese estado a pesar de algunas señales de borrasca. Asimismo, resultaron inútiles algunos psicosociales orquestados por grupos de poder mediático y económico interesados en afectar la imagen del gobierno, usando para ello temas como la política antidrogas, o recurriendo a ataques personalizados en algunos ministros y otros altos funcionarios.

Algunas grietas que comenzar a ensombrecer la imagen del gobierno surgieron sin embargo desde el interior de sus filas. Problemas políticos e institucionales, relacionados al simple aprendizaje del arte de gobernar, o a la carencia de un horizonte político gubernamental suficientemente claro, fueron sobredimensionados por los medios. Algunos casos evidenciaron torpezas o insuficientes reflejos políticos, tal como ocurrió con la ministra de la mujer, Aída García Naranjo, ante la triste muerte de tres niños de la comunidad cajamarquina de Redondo, quienes pasaron a engrosar la lista de beneficiarios-víctimas del pésimo funcionamiento del PRONAA heredado de gestiones anteriores. Otros mostraron las distancias existentes entre el discurso político nacionalista y los intereses subalternos a los cuáles pueden colgarse sus propios aliados políticos reclutados para la función pública. Fue el caso de las vergonzosas declaraciones de los ministros de Defensa, Daniel Mora, y de Trabajo, Rudecindo Vega, en torno a la amnistía para militares procesados por violaciones a los derechos humanos, las cuales parecían devolvernos a épocas oscuras del pasado reciente. Otros sucesos deslizaron simple ineptitud y hasta frivolidad, tal como ocurrió con el ministro de Energía y Minas, Guillermo Herrera Descalzi, quien luego de arribar a Cajamarca como representante del Estado, terminó retornando a Lima en el avión de la propia empresa que era cuestionada por los pobladores cuyas declaraciones había ido a recoger.

Otras grietas en la imagen del gobierno, tan pintorescas como graves políticamente hablando, se vincularon a denuncias sobre las actividades ilícitas de algunos congresistas. Así, pasamos del show mediático de los otorongos de Congresos anteriores al protagonismo de otras especies dedicadas a “comer oro” (congresista Amado Romero dedicado a la minería informal) o a “robar cables” (congresista Celia Anicama dedicada a contrabandear servicios de señal de cable).

También se sumaron a esta lista dificultades más bien institucionales, obviamente vinculadas a asuntos de gestión. Fue el caso del intento de “descentralización” del Congreso, mediante la realización de sesiones plenarias fuera de Lima, que resultaron en un auténtico fracaso, siendo acusadas de parecerse sobre todo a vacaciones parlamentarias masivas pagadas por el erario nacional. Asimismo, se registraron problemas en el funcionamiento de algunos organismos, tales como el Ministerio de Cultura. Algunos tan serios como el despelote en el Viceministerio de Interculturalidad en torno a la reglamentación de la Ley de Consulta, y la desubicación institucional y política del INDEPA. Ante ello, la ministra Susana Baca simplemente mostró poca talla para la gestión de un ministerio que hasta ahora no ha podido pisar tierra. El resultado de los líos internos fue la remoción de funcionarios como el propio Viceministro de Interculturalidad y la responsable del INDEPA (Vicente Otta y Raquel Irigoyen, respectivamente). Pero más allá de las personas, permanece la situación crítica de un organismo dedicado a temas indígenas, que se encuentra absolutamente desubicado en la estructura actual del Estado.

Sin embargo, el más grave autogol en el gobierno durante sus primeros cien días, corresponde sin duda al caso de probable tráfico de influencias cometido por Omar Chehade. Como resultado de ello, en este momento el régimen cuenta con un segundo vicepresidente en funciones, que sin embargo se halla completamente inhabilitado en términos políticos y éticos para continuar en dicha posición. Habiendo sido convocado a la plancha presidencial por justamente transmitir una imagen ligada a la lucha anticorrupción, la caída en picada protagonizada por Chehade constituye sin lugar a dudas un auténtico baldazo contra quienes votaron por el nacionalismo. Deja también dudas abiertas en torno a los reales motivos de su inclusión como candidato a vicepresidente, sobre todo por tratarse del abogado que defendió a Humala en un tema tan sensible como el de Madre Mía.4

Conflictos sociales: de la calma a la borrasca

Al acercarse los primeros cien días del gobierno de Ollanta Humala, diversos balances realizados por analistas y medios de comunicación destacaron la ausencia de un escenario de conflictividad semejante al que se observó en el Perú durante los regímenes anteriores. Sin embargo, durante las semanas previas a la ansiada fecha se dejaron notar algunos nubarrones en el horizonte. No resultaron suficientes. El propio presidente asumió el balance de sus primeros cien días evitando ver las señales que anunciaban la tormenta. Mediante una entrevista brindada a un selecto grupo de periodistas, habló al país en tono de estadista, pero como si estuviese en los primeros días de gestión. Debido a la amplia cobertura de prensa brindada a dicha entrevista, quedó opacada la publicación de un documento de balance por parte del gobierno.5 El informe contiene una somera descripción de los objetivos del gobierno, seguida de un detallado recuento de actividades y logros alcanzados en tres ámbitos: inclusión social, materia económica y reforma del Estado. Dos cosas destacan entre sus páginas. En primer lugar, la declaración de que el papel del Estado consiste en lograr inclusión social, como “hilo conductor” del período de gobierno 2011-2016. En segundo término, llama la atención que el tema de la conflictividad ocupe apenas unos breves párrafos, como parte de una sección dedicada a los problemas que alteran la paz y el orden interno (tales como delincuencia, violencia callejera, narcotráfico e inseguridad ciudadana). El documento menciona que junto a estos problemas persiste “una cantidad bastante alta de conflictos”, básicamente socio ambientales y en lugares cuya población vive bajo la línea de pobreza. Señala también que la capacidad de respuesta ante la conflictividad por parte del Estado resulta insuficiente, debido a que no existe un sistema de resolución de conflictos ni una cultura de diálogo entre los actores.6 Posteriormente el tema desaparece completamente en el informe, obviamente porque debido al escenario de poca conflictividad no parecen haber logros por exhibir.

Durante los primeros tres meses del gobierno, el nivel de conflictividad social muestra una situación estable. Los conflictos se mantienen en el mismo nivel en términos cuantitativos: un poco más de 200 conflictos son registrados mes a mes por la Defensoría del Pueblo entre fines de julio y fines de octubre (ver cuadro 1). En realidad, como se aprecia en el cuadro, ocurre la permanencia de una situación elevada de conflictividad, luego de una tendencia a la baja registrada en el contexto electoral. El balance efectuado en el documento gubernamental que acabamos de mencionar, reconoce esta situación de alta prevalencia de la conflictividad, pero omite referirse a las razones de dicha situación.

Cuadro 1. Número de conflictos sociales en los últimos 12 meses

Fuente: Defensoría del Pueblo

El panorama que acabamos de describir cambió abruptamente justo cuando se cumplían los cien primeros días del gobierno. Dos escenarios de protesta, en Andahuaylas y Cajamarca, dejaron entrever que la calma previa estaba siendo reemplazada por un fuerte recrudecimiento de las protestas medioambientales, recargadas con la exigencia de que el gobierno cumpla sus promesas electorales. Una digresión resulta interesante en este punto: es cierto que durante la campaña electoral el candidato Humala dejó atrás el plan de gobierno de la “gran transformación” y asumió en su reemplazo la denominada “hoja de ruta”. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto dicho gesto fue asimilado como una inflexión por distintos sectores de votantes. Sobre todo entre aquellos que desde las elecciones del 2006 mostraron un firme respaldo a la prédica nacionalista inicial, parece difícil imaginar que pasaran a identificar a Humala con una nueva agenda de talante moderado.

En Andahuaylas y Cajamarca, las protestas de estos días nos remontan a situaciones similares ocurridas en los años anteriores. En el primer caso, cabe mencionar que la provincia de Andahuaylas mantiene una dinámica muy propia, vinculada al hecho de que abarca una sociedad local bastante articulada -a pesar de las brechas socioeconómicas y étnicas prevalecientes-, así como una población altamente identificada con su identidad provincial, sobre todo en oposición a la vecina Abancay, la cual es capital de provincia y también de la región de Apurímac. A esto se añade una larga tradición de lucha fuertemente territorializada, que muestra rasgos históricos donde simplemente se hace imposible distinguir entre leyenda y memoria histórica (la oposición a muerte entre chancas e incas). Otros sucesos ocurridos en décadas recientes, tales como el ciclo de luchas campesinas por la tierra que sepultaron a las empresas asociativas velasquistas y cambiaron para siempre las correlaciones de poder local, cimentan una fuerte identidad política. De allí que cada cierto tiempo, durante las últimas dos décadas, la provincia se muestra sacudida por fuertes movimientos de protesta. Ocurrió así durante los sucesivos paros en demanda de mejores precios para la papa durante el fujimorismo. Posteriormente, en varias ocasiones la provincia se ha visto paralizada por movilizaciones campesinas que convierten a la ciudad de Andahuaylas en el epicentro de luchas en las cuales se hace difícil distinguir  ingredientes clasistas, étnicos y territoriales. No sólo en el campo. La propia ciudad de Andahuaylas, así como otras ciudades emergentes de la zona, albergan a muchos jóvenes precariamente empleados, que aspiran a transformar su situación de pobreza a cómo de lugar. Conforman, junto a los desheredados del entorno rural que los rodea, un caldo de cultivo propicio a brindar eco a discursos reivindicatorios de distinto tipo. De hecho, un episodio en esta historia fue la asonada encabezada por Antauro Humala al iniciarse el año 2005, que tuvo el beneplácito de su hermano Ollanta, el actual presidente, así como de buena parte de la población local.7

La provincia de Andahuaylas muestra también un tejido político local compuesto básicamente por grupos de interés y redes de allegados políticos que comparten diferentes vínculos. Experimentados dirigentes y agitadores políticos, así como nuevos líderes sociales, pueden coincidir en situaciones de protesta y movilización. A veces estas situaciones logran alcanzar dimensión efectivamente provincial. En otras ocasiones, no pasan de ser protestas limitadas a sus grupos de interés. Lo que ocurre actualmente, con la protesta en demanda de la prohibición de las actividades mineras y en defensa del medio ambiente, parece corresponder a una situación intermedia entre las dos situaciones descritas. Más que plena dimensión provincial en Andahuaylas, la protesta logró irradiarse a la vecina provincia de Chincheros, ganando así mayor notoriedad. Esta vez, la espina dorsal de la protesta recayó en las organizaciones de regantes, articuladas en la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Andahuaylas (JUDRA). El motivo de la misma parece hallarse en la creciente tensión entre agricultura tradicional y economía minera informal. De allí que el movilizador haya sido una organización bastante específica (la red provincial de regantes), pues en cierta medida ambas actividades albergan a los mismos sectores poblacionales (campesinos y pobladores urbanos interesados en conseguir fuentes de empleo e ingresos). La comisión del gobierno que fue a negociar a Andahuaylas salió en mal pie, pues los ministros Miguel Callaux de Agricultura y Carlos Herrera Descalzi de Energía y Minas, abandonaron el lugar sin firmar al acta en negociación, generando la ira de la población y dejando solo y expuesto al viceministro de Ambiente, José de Echave. Si no ocurrió un desborde con mayores consecuencias que lamentar, fue por el empeño de este último, pues al final el acta firmada permitió la postergación de la protesta, cuando las cosas parecían salir de todo control.

En Cajamarca, el escenario de movilización planteado es de distinto talante, si bien comparte con la primera el hecho de ser una protesta antiminera. Se trata de una movilización que expresa el hartazgo de parte de la población regional ante la presencia de la empresa minera Yanacocha. Mientras que en Andahuaylas la geografía de la protesta fue básicamente urbana, en Cajamarca más bien se concentra en las zonas rurales que abarca el proyecto Conga. De hecho, si se compara la dimensión de la protesta con la que tuvo lugar el año 2004 en defensa del cerro Quilish, se nota claramente que la participación de la población urbana fue muchísimo mayor en esa ocasión. Esto no quiere decir que el nivel de la protesta actual no podría alcanzar a la primera, pues ello depende en gran medida de los acontecimientos que conforman el propio conflicto.8

Un ingrediente muy particular en este caso, consiste en que a la cabeza de la convocatoria a la paralización indefinida convocada después que el presidente Humala anunciara que el gobierno buscaba asegurar el oro y el agua del proyecto Conga, se encuentra el propio presidente regional, Gregorio Santos Guerrero. Este personaje representa una coalición política regional bastante fracturada luego de las elecciones que le permitieron ganar la presidencia regional. Ha sido acusado por el gobierno y los empresarios mineros de ser un agitador extremista debido a sus vínculos con el partido Patria Roja. Sin embargo, más que una consigna ideológica netamente definida, parece perseguir una mayor legitimación política, agitando el tema sensible de la defensa medioambiental. Pero son las propias comunidades de la zona afectada por el proyecto minero -el cual busca desaguar cuatro lagunas a fin de explotar el oro que se halla bajo sus aguas, reemplazándolas por inmensos reservorios de aguas de lluvia- las que han desplegado el mayor nivel de movilización. El soporte principal, en este caso, radica en las organizaciones de ronderos, que gozan de amplia legitimidad y tienen entre las poblaciones del lugar un nivel de autoridad que incluso supera al de las comunidades campesinas a las cuales se hallan formalmente adscritas. Evidentemente, uno puede rastrear distintas actitudes ante el proyecto minero, que van desde el rechazo frontal hasta la aceptación esperanzada en los beneficios ofrecidos por la empresa. De hecho, según sostienen los representantes de Yanacocha, las comunidades directamente ubicadas en el territorio del proyecto no se oponen al mismo, en tanto que los alcaldes ven con ansias la posibilidad de disponer de recursos provenientes del canon minero. Sin embargo, la movilización campesina ocurrida parece ser bastante arraigada, en tanto activa una forma de medioambientalismo o ecologismo de las “formas de vida”, destacado entre otros estudiosos por Anthony Bebbington.9

Las primeras desavenencias internas

La situación generada en torno al proyecto Conga ha puesto al gobierno ante un serio dilema, pues ha tenido que optar entre “bailar la Conga” -como ironizan muchos medios para referirse a quienes deciden apoyar el proyecto minero- o respaldar los reclamos de la población interesada en defender sus condiciones de vida y el medioambiente. Opciones contrapuestas -el oro o el agua- que colocan en el centro del dilema a la propia retórica nacionalista, la cual resultó eficaz para llevar a Humala desde Locumba hasta el poder, pero rápidamente ha ido mostrando sus límites e inconsistencias. La actitud del presidente al retorno de su viaje a la cumbre de APEC en Hawai, a mediados de noviembre, consistió en señalar que optaba por asegurar el oro y el agua para todos. Es decir: la mina va, pero mediante el estricto cumplimiento de la regulación ambiental. Una manera ingeniosa de decir que no era posible ni deseable detener el proyecto minero, y que su propia ejecución podía resolver los problemas de acceso al agua planteados en torno a sus opositores. Esto abrió paso a un nuevo momento del entrampamiento alrededor del conflicto, el que tal vez pudo resolverse antes, mediante acuerdos políticos entre los distintos actores, pero a esas alturas colocaba al régimen frente a una situación límite.

Dos factores adicionales complican el cuadro planteado. Primero, el aparente callejón sin salida en que se halla el gobierno, no sólo porque los procedimientos administrativos que autorizan la mina ya se encuentran bastante avanzados, sino porque con el destino del proyecto se juega también la situación del Estado ante los beneficios económicos derivados de su ejecución, así como de otros proyectos futuros.10  El segundo factor tiene que ver con la composición política del régimen, pues la situación relacionada a la mina Conga ha derivado en el incremento de las diferencias entre distintas vertientes precariamente cohesionadas bajo el paraguas ideológico del nacionalismo, la “gran transformación” y la “inclusión social”.

Como consecuencia de ello, se precipitaron las discrepancias políticas y las luchas por hegemonía existentes al interior del régimen. Nuevamente la identidad nacionalista resultó completamente inconsistente, ante la agudización de las contradicciones en torno al conflicto minero Conga. El alejamiento de Carlos Tapia, hasta hace poco importante asesor gubernamental, y la renuncia de José de Echave, quien se desempeñaba como Viceministro de Ambiente, son las primeras fracturas que exhibe el régimen como consecuencia de la situación descrita líneas arriba.

Más allá del hecho que en todo régimen resulta normal que se produzcan discrepancias que terminan eventualmente en renuncias del personal político, resulta necesario reflexionar en torno a la consistencia democrática del proyecto nacionalista. El renunciante asesor Carlos Tapia ha sacado a luz asuntos muy graves. Las denuncias que ha hecho al ser separado del gobierno, plantean serias interrogantes en torno al carácter del entorno de poder que rodea a la pareja presidencial, así como sobre la naturaleza democrática del nacionalismo en su desempeño gubernamental.  Entretanto, el sector proveniente de las filas de izquierda que hace parte del gobierno, al cual pertenece Tapia, queda bastante debilitado, pues en el futuro deberá enfrentar situaciones que probablemente empujen a sus miembros a alejarse también del gobierno.

Coda

Al cumplirse los primeros cien días del régimen de Ollanta Humala, diversos balances describieron la existencia de un escenario propicio para que en los próximos meses la novísima gestión gubernamental termine de desplegar velas y emprenda rumbo claro hacia su objetivo de alcanzar la plena “inclusión social” en el país. Sin embargo, una vez remontada la valla simbólica de los cien días, el balance no parece ser tan promisorio. Nuevos conflictos sociales y crecientes discrepancias al interior del régimen han cancelado abruptamente la pax nacionalista de los primeros cien días en el poder. Los conflictos desatados en Andahuaylas y Cajamarca –sobre todo el segundo en torno al proyecto minero Conga-  han precipitado el ritmo político del país, empujando al gobierno a definiciones acerca de temas como el rol de la inversión minera y el papel del Estado ante el paradigma extractivista. Dicha situación, asimismo, ha incrementado las distancias y tensiones entre diversas corrientes  internas que hasta la fecha lograron cohabitar frágilmente bajo el paraguas común del nacionalismo. A ello se suma la situación inestable de los nuevos grupos tecnocráticos reclutados por el gobierno, los cuales no compartieron la larga marcha nacionalista ni las campañas electorales, pero han ganado posiciones de poder bastante importantes.

Estos problemas, que han resquebrajado fuertemente el “frente interno” gubernamental, podrían comprenderse como resultado de las dificultades propias de la instalación e inicio de un nuevo régimen. Sin embargo, parecen ir mucho más allá, vinculándose a temas más amplios de la política peruana, tales como la crisis de los partidos, la ausencia total de ideologías programáticas en el quehacer político, la ausencia de candidatos idóneos para puestos como el de congresista, entre otros. También a una característica que parece definir al flamante gobierno: se trata de un régimen que, luego de una agitada y polarizada campaña electoral, muestra serias dificultades para alcanzar un perfil político claro y suficientemente articulado. Por el contrario, lo que se aprecia es que el gobierno alberga una precaria confluencia de corrientes políticas e ideológicas aupadas bajo el paraguas electoral del “nacionalismo”. Encargadas ahora de la gestión de diferentes ámbitos institucionales del aparato de Estado, estas corrientes o tendencias -que envuelven como anillos de diferente textura política e ideológica a la pareja presidencial- se ven confrontadas ante un contexto de creciente conflictividad social que cuestiona asuntos como la continuidad de la inversión minera. Se ven empujadas a definiciones que hacen tambalear la delicada correlación de fuerzas alcanzada durante los primeros cien días.

Este escenario imprevisto -pues hace pocos días el gobierno llegaba a sus primeros cien días en una situación bastante calmada a pesar de algunos problemas ya mencionados- plantea nuevos dilemas y retos que la flamante gestión deberá asumir, sobre todo teniendo en cuenta que la aventura nacionalista en el poder, una vez superado el ciclo inicial de prueba, prácticamente recién se ha iniciado.

Ramón Pajuelo es antropólogo e investigador del IEP, Lima.

Notas

1 La referencia a Napoleón Bonaparte simplemente busca recordar que el actual presidente Humala, en reiteradas ocasiones, ha confesado su admiración por dicho personaje histórico, mencionándolo como inspirador de su propia gesta política.
2 Desde que se inició el nuevo gobierno, permaneció estable el número de conflictos, pero sobre todo no se habían desatado desbordes violentos, de envergadura semejante a los ocurridos en años anteriores en diversas partes del país, con muertos y heridos como saldo lamentable.
3 Humala obtuvo 31% de respaldo en la primera vuelta y fue elegido presidente en segunda votación con el 51%. Al asumir el poder el 28 de julio alcanzó 55% de aprobación, el cual se incrementó  hasta el 70% en setiembre, descendiendo desde entonces a la par que se hacían evidentes los problemas en el gobierno.
4 Cabe recordar que el INDEPA fue creado por el gobierno de Alejandro Toledo para dejar atrás la calamitosa experiencia de la CONAPA. Diseñado como organismo de rango ministerial que debía contar con representación autónoma de representantes de los pueblos indígenas, el INDEPA fue perdiendo peso, al punto de casi ser eliminado durante el gobierno de Alan García, y terminar convertido en una dependencia del actual Ministerio de Cultura.
5 Perú en 100 días de gobierno (sin editar). Lima: Presidencia de la República, noviembre de 2011.
6 Como objetivo ante dicha situación se plantea “Terminar de transitar de un país pobre, conflictivo y poco gobernable a uno más desarrollado, equitativo e institucionalizado” (p. 17).
7 No es una casualidad que en años posteriores, en la zona haya calado más fuertemente que en otros sitios el discurso etnonacionalista que Antauro Humala, recluido en un penal limeño, viene elaborando y difundiendo a través de impresos, audios y videos que parecen mantener cierta audiencia.
8 Por ejemplo, hechos de violencia con el saldo de víctimas fatales, puede muy bien generar un desborde bastante más amplio.
9 Véase Bebbington y Humphreys 2009, y Bebbington et. al. 2007.
10 El proyecto Conga pone en juego una inversión enorme, calculada en 4,800 millones de dólares.

Referencias Bibliográficas

Bebbington, Anthony y Denise Humphreys (2009). “Actores y ambientalismos: conflictos sociales en el Perú”. En Iconos, revista de ciencias sociales, N° 35. Quito: FLACSO

Bebbington, Anthony et. al. (2007). Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales. Lima: IEP

Este artículo fue  publicado originalmente en la Revista Argumentos, año 5, n° 5. Noviembre 2011, del IEP (disponible aquí …) El título original es “El nacionalismo en el poder: dilemas más allá del discurso”.

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