CINCO TESIS SOBRE LA COYUNTURA AGRARIA EN ECUADOR

28 Diciembre, 2011

Pablo Ospina Peralta

La Conferencia Plurinacional sobre Soberanía Alimentaria (COPISA) presentó en diciembre su proyecto de “ley de tierras” al Ministerio de Agricultura. Entre otras cosas, el proyecto contempla fijar un límite máximo al tamaño de la propiedad individual (500 hectáreas en Amazonía y Costa y 200 hectáreas en la Sierra) así como establecer causales de reversión de los predios en caso de que no cumplan su “función social y ambiental”. Tanto la primera versión de esta propuesta circulada en septiembre como una versión más antigua de una propuesta de ley de tierras preparada y hecha pública por el SIPAE (Sistema de Investigación de la Problemática Agraria del Ecuador) en el año 2010, pusieron momentáneamente el tema de la redistribución de tierras en el centro del debate nacional.

Aunque una reforma agraria no puede limitarse a redistribuir tierras, es claro que no sería “reforma” si no lo hiciera. La redistribución es una condición necesaria aunque no suficiente de cualquier reforma agraria. Y la reforma agraria es condición necesaria para cualquier cambio deseable en el modelo de acumulación del país, tal como reconoce el propio Plan del Buen Vivir, publicado y aprobado en el año 2009. ¿Cuáles son las condiciones y posibilidades para una reforma agraria en el país?

Primero. Debe reconocerse que el principal problema de las organizaciones campesinas e indígenas que demandan la redistribución de tierras es que no existe en la actualidad una movilización social en el agro que la empuje. La “presión de las bases” falta. No tenemos ocupaciones de tierras de grandes empresas ni conflictos similares a lo que en los años 1960 se llamaron “asedio interno y externo” de las haciendas. La escandalosa desigualdad y pobreza en el agro lleva a la migración estacional y temporal a las ciudades, a la miseria, a la desnutrición y a la búsqueda de alternativas no agrícolas. Existe también un notable recrudecimiento de los conflictos intercomunales y un aumento de las presiones sobre los ecosistemas naturales, como bosques y páramos. Pero la desesperación en el campo no dirige sus ataques contra la gran propiedad agraria.

Segundo. Sin embargo, los recrudecidos conflictos intercomunales sugieren que, dada la inequidad existente, una ley que abra las posibilidades legales para una redistribución de tierras podría inaugurar un período de agitación rural en el país que podría dirigirse contra las grandes propiedades. Es lo que ocurrió ya en la Costa ante el anuncio de la entrega de las propiedades rurales en manos del Estado a raíz de la crisis bancaria de 1999. Esa agitación y “presión desde abajo” no solo ofrecería un contexto para organizar a los campesinos sin tierra y los jornaleros, sino que es fundamental para lograr la aplicación efectiva de cualquier ley redistributiva. No solo eso, una ley de tal naturaleza modificaría las condiciones del mercado de tierras y llevaría a que muchos grandes propietarios prefieran vender antes que entrar en conflictos legales y acosos campesinos. Por lo tanto, una ley redistributiva es una condición para que funcionen adecuadamente las otras vías de redistribución (el mercado, el fondo de tierras, etc.).

Tercero. Es muy claro que el gobierno nacional no está dispuesto a poner su peso político del lado de una política seria de redistribución de la propiedad rural. Para los pocos grupos de izquierda que quedan en el movimiento gubernamental, la “correlación de fuerzas” no lo autoriza; es decir, los propietarios rurales son muy poderosos y las principales organizaciones campesinas están muy distanciadas del gobierno precisamente por las oscilaciones y tendencias dominantes de su política agraria. Pero además, para los que en realidad deciden, es decir, para el propio Presidente y sus amigos estrechos, no es solo un cálculo de oportunidad sino una convicción: para él, como quedó de manifiesto en sus palabras del 1 de octubre, la pequeña propiedad rural va en contra de la eficiencia productiva y de la reducción de la pobreza. En su humilde opinión, repartir una propiedad grande en muchas pequeñas es repartir pobreza. En una palabra, cualquiera que desee el apoyo del Ministerio de Agricultura en una ley de tierras redistributiva, puede esperar sentado.

Cuarto. Cualquier estrategia de recolectar firmas para presentar la ley por iniciativa ciudadana en la Asamblea Nacional está destinada al fracaso. Ni la oposición de derechas ni la derecha de Alianza País aceptarán una propuesta semejante. Incluso si la izquierda de Alianza País desobedeciera al Presidente en este tema (algo de probabilidad más que discutible), la suma de sus votos a los de la izquierda (MPD, PK y ¿tal vez? PSE) no alcanzarían para lograr su aprobación. Esto significa que en el mejor de los casos, la presentación por iniciativa ciudadana del proyecto de ley por parte de las organizaciones campesinas e indígenas permitirá que el tema se debata públicamente solamente durante el mes que tendrá la Asamblea como plazo para rechazarla.

Quinto. La mejor opción para las organizaciones en tal contexto es recoger firmas para aprobar los temas clave de la ley de tierras en un referéndum nacional. Se requieren muchas más firmas que para la ley por iniciativa ciudadana: casi un millón (5% del padrón electoral). La sola recolección es, pues, impensable sin un acuerdo entre las principales organizaciones campesinas e indígenas y con otras organizaciones populares. Sobre todo, será necesario el apoyo de los aparatos políticos de la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas, que disponen de estructuras organizativas para facilitar decisivamente la iniciativa. Recoger las firmas ayudaría a difundir la propuesta, a extender la movilización y a conseguir apoyos locales claves en el campo. Sobre todo, convocar a la consulta lograría que el tema de la redistribución de tierras se convierta en un tema central de la campaña electoral durante todo el año 2012 y en un demarcador básico de las propuestas progresistas frente a las que no lo son. A diferencia de lo que ocurriría en la Asamblea Nacional, en el referéndum existe una oportunidad de ganar. Revertir las tierras de menos de 2000 familias para repartirlas a más de medio millón de pobres en el campo tiene francas posibilidades de conseguir un masivo apoyo popular. Por último, la agitación rural y la discusión nacional sobre el tema harían más probable que las disposiciones redistributivas de la ley, una vez aprobadas, pudieran ser de verdad aplicadas.

P. Ospina P., historiador y analista política ecuatoriano; docente en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Publicado originalmente en La Linea de Fuego el 15 de diciembre.

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One Comments

  • Luz

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